En Madrid a 1 de agosto de 2023
La Presidenta de AEDICO, Ana Garrido Ramos, interviene en el artículo sobre la desprotección de un alertador en la Comunidad Valenciana a raíz de un fallo del Tribunal Supremo:
En declaraciones a Economist & Jurist subraya que “resulta muy grave que un funcionario, cumpliendo con su deber como servidor público, no esté protegido por nuestro ordenamiento jurídico”.
Garrido recuerda que con anterioridad a la transposición de la Directiva (UE) relativa a la protección de informantes sobre infracciones del Derecho de la Unión, ya existía el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a todo ciudadano que tenga conocimiento de un delito público a denunciarlo. “Además, el propio artículo menciona explícitamente a los empleados públicos, advirtiéndoles que serán sancionados si omiten la denuncia”, apunta.
A su juicio, “resulta una incongruencia exigir al funcionario que denuncie sin garantías de protección, exponiéndolo a un futuro incierto y aterrador que, en la mayoría de los casos, supone la ruina personal, económica y profesional”.
Desde su punto de vista, con el fin de participar en una transposición eficaz mediante la propuesta de enmiendas al Anteproyecto de Ley: “Los que llevamos años luchando por la elaboración y aprobación de dicha Directiva vemos que algo sigue fallando en el sistema”.
Destaca que “en su día, acudimos al Parlamento Europeo y posteriormente mantuvimos reuniones con grupos parlamentarios para tratar sobre estos temas. En conclusión, no es lo mismo elaborar una Ley por convicción, que por imperativo legal bajo el mandato de una directiva europea. Si bien es cierto, que la aprobación de la Ley ha sido un gran avance, aún existen ciertas carencias. Y en esto juegan un papel fundamental los políticos y legisladores de nuestro país”.
Desde su punto de vista, “por ejemplo, la nueva ley promueve la creación de Agencias Antifraude autonómicas. Sin embargo, algunas no cumplen con los mínimos, tales como el régimen sancionador sobre aquellos que ejercen represalias contra el informante, o los plazos de instrucción establecidos. ¿Cómo es posible que cada agencia antifraude tenga competencias diferentes y no exista homogeneidad?”.
Garrido cree que “quizás la solución a este galimatías sea la creación de la Autoridad Independiente (AAI), organismo obligatorio que ha de velar por el cumplimiento normativo de la Ley de Protección a Informantes a nivel estatal”.
También explica que “actualmente, apenas existe información de fácil acceso sobre el Estatuto del Informante, si dicha Autoridad ya se ha constituido o no, quiénes constituyen la Comisión Consultiva, o si el proceso de selección de sus miembros va a gozar de la transparencia tan necesaria para garantizar su correcto funcionamiento”.
¡Gracias Ana!