Ana Garrido Ramos, presidenta de AEDICO, aporta su punto de vista a Economist & Jurist:“A día de hoy la mayor parte de denunciantes de corrupción están desprotegidos por esta ley 2/2023, que ya lleva seis meses operativa en nuestro país”. Existen carencias corregibles en el corto plazo: “Hace falta un órgano de control que vigile que la ley se cumpla. Es posible que este cometido tenga que hacerlo la futura Autoridad Independiente de Protección al Informante”.
En su opinión, “la ley tiene elementos positivos como el de crear un régimen sancionador para el que presione al denunciante de corrupción y la implementación de canales de denuncia anónimos y confidenciales”.
Como referente, valora de forma notable la estructura y el funcionamiento de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), al ser independiente y realmente protectora del denunciante: “Seria importante que las agencias (autonómicas) existentes tuvieran las mismas competencias y funcionasen de la misma manera”.
También está pendiente dar difusión a la ley, desconocida por la gran mayoría de la población: “La gente debe saber que hay una ley que protege a aquel ciudadano que decida denunciar una situación irregular en su entorno. Deberían hacerse campañas de sensibilización como las que se han hecho sobre la violencia doméstica y en Tráfico”.
La creación y el reglamento de la “Autoridad Independiente de Protección al Denunciante“ son también aspectos pendientes: ”La norma habla de su vinculación al Ministerio de Justicia en su creación (nombramientos), lo que le restaría independencia. Queremos conocer esta nueva figura en nuestro empeño por seguir aportando a la lucha contra la corrupción. De momento, la opacidad sobre este tema es preocupante”.
En su opinión esa “Autoridad Independiente de Protección al Denunciante“ será “clave para el funcionamiento de todo entramado de lucha contra la corrupción. Contará con un órgano consultivo en el que estarán representados algunos de los reguladores y los propios denunciantes y debería de evitarse su politización”.Sobre la figura de la presidencia opina que “no debería haber dudas en su trayectoria profesional, alejada de la política pero vinculada a la lucha contra la corrupción”.
Al mismo tiempo destaca que “otra de las carencias (de la ley 2/2023) es la falta de cobertura jurídica y psicológica para los denunciantes. En el momento en que denuncias, la maquinaria te quiere aplastar en una cadena de pleitos. En este escenario nadie apoya legal y psicológicamente a estas personas. No basta con los abogados del Turno de Oficio. Se necesitan abogados especialistas en corrupción y que conozcan la ley. Se trata de que sirvan de apoyo cuando se presentan esas denuncias y que estén bien fundamentadas”.
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Articulista: Luis Javier Sánchez
