AEDICO, Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción, nos vemos obligados a pronunciamos de nuevo sobre lo que consideramos desidia, inacción e ineficacia por parte de la “Oficina Antifraude de Cataluña” ante las represalias sufridas por una trabajadora del Ayuntamiento de Mataró.
Su relación laboral fue sido rescindida por el Ayuntamiento de Mataró con total impunidad a pesar de los numerosos avisos desesperados de la “persona protegida”. La “Oficina Antifraude de Cataluña” había reconocido y declarado previamente su estatus de “persona protegida” pero sigue sin sancionar al Ayuntamiento de Mataró como estipula la ley. Ello conlleva que no se haya restaurado ni restablecido absolutamente ninguno de los derechos vulnerados a la trabajadora y que los responsables sigan impunes:
- “Antifraude” sigue sin aplicar la ley 2/2023 al no responder en tiempo y forma a las solicitudes de asesoramiento de la “persona protegida” y a quien su director, el magistrado Gimeno, no quiere recibir en persona. Es necesario señalar que dicho director es la persona encargada por la ley de llevar a cabo las acciones correctoras y de restablecimiento de derechos que sean precisas.
- “Antifraude” identificó hace más de un año hasta 8 paquetes de represalias, las cuales son calificadas como “actos nulos de pleno derecho” por la ley, pero no ha dado un plazo determinado al Ayuntamiento de Mataró para revertirlo ni ha vuelto a hacer requerimiento alguno desde hace meses, dándole así impunidad extendida en el tiempo.
- A pesar de las flagrantes declaraciones públicas del alcalde de no cumplir con los requerimientos de la propia “Antifraude”, el funcionario de “Antifraude” que instruye el caso tampoco ha aplicado la ley 2/2023 “de Protección al Denunciante” al no querer incoar expediente sancionador al Ayuntamiento de Mataró ni a ninguno de los responsables individuales por cada una de las 8 represalias acreditadas. Para ello el funcionario se ha inventado unas diligencias de investigación que denomina “previas” (sic.) después de meses de investigación y de haber constatado tanto los nombramientos irregulares como las acciones represaliadoras del Ayuntamiento de Mataró. El funcionario incumple así su resolución de diciembre de 2023 para incoar expediente sancionador.
- La acción legal de “Antifraude” en el ámbito del contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Mataró no se está llevando a cabo ni con el conocimiento ni coordinación con la “persona protegida”, privándola así de información relevante que ha debido reclamar legalmente.
- En definitiva “Antifraude” no está aplicando la ley 2/2023, ni sus propias reglas de funcionamiento internas, al crear una postergación sine die del procedimiento sancionador al Ayuntamiento de Mataró, alargando así el suplicio y el sufrimiento de la “persona protegida”.
- Finalmente, hemos de señalar que esta situación de inoperancia e impunidad creada por “Antifraude” mantiene al personal laboral y funcionarial de cualquier ayuntamiento catalán en una situación de total indefensión ante los atropellos e irregularidades que la dirección política de los mismos tenga a bien cometer. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública.
Solicitamos urgentemente una actuación EFICAZ de acuerdo con la ley: PROTECCIÓN, ASESORAMIENTO, CELERIDAD y EXPEDIENTES SANCIONADORES a los individuos y organismos represaliadores, sean o no ayuntamientos importantes.
